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Entra en vigor la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales
Viernes 3-5-2019

La nueva normativa que prohíbe algunas prácticas desleales en la cadena alimentaria, como las cancelaciones de última hora o los retrasos en los pagos de productos perecederos, ya ha entrado en vigor tras haber sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea la semana pasada.

En concreto, las nuevas normas ponen fin a 16 prácticas comerciales desleales e incluye una lista de prácticas prohibidas, como el retaso en el pago de productos ya entregados, la cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva del mismo, el rechazo del comprador a firmar un contrato con el proveedor o el uso incorrecto de información confidencial. El texto también prohíbe amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos si estos presentan alguna reclamación.

Además, desde ahora, los compradores no podrán solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a una negligencia del proveedor o en caso de que queja de los consumidores.

Otras prácticas, como la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos, obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos, cobrar a los proveedores por vender o catalogar sus productos, o la imposición de costes de descuento al proveedor también quedarán prohibidas, a no ser que exista un acuerdo previo al respecto entre productor y comprador.

Asimismo, los productores podrán presentar reclamaciones en el país donde operan, incluso cuando las prácticas desleales se produzcan en otro Estado miembro de la UE  y las autoridades nacionales se encargarán de gestionar las quejas, llevar a cabo las investigaciones necesarias y garantizar soluciones.

Las nuevas normas protegen a los productores con una facturación anual de menos de 350 millones de euros. Estos proveedores se repartirán en cinco sub-categorías en función de sus ingresos: hasta dos millones de euros, hasta 10 millones de euros, hasta 50 millones de euros, hasta 150 millones de euros y hasta 350 millones de euros. A menor facturación, mayor protección recibirán los agricultores.




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